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Refuerzo a la Fiscalización: El Verdadero Impacto de la Ley Jaguar

Frente a un panorama de constante debate y discrepancias, la Ley Jaguar, que propone un cambio audaz y necesario para el impulso del desarrollo en Costa Rica, ha generado puntos de discusión sustanciales, especialmente respecto al referéndum que decidirá su futuro. Uno de los argumentos más destacados en contra de esta ley gira en torno a la preocupación por las supuestas limitaciones que impondría a las facultades de la Contraloría General de la República, una instancia crítica en la supervisión de la administración pública en el país. Según los críticos, este cambio representaría una acción inconstitucional al restar competencias a una institución fundamental. Sin embargo, es imperativo abordar este argumento desde una perspectiva informada y analítica para desentrañar la realidad detrás de esta percepción.

Contrario a las aseveraciones mencionadas, la esencia de la Ley Jaguar y su impacto en la Contraloría dista mucho de ser una amenaza a la constitucionalidad. La reforma propuesta no solo respeta plenamente las competencias constitucionales de la Contraloría sino que, en realidad, intensifica su papel de guardián de las arcas públicas. A través de la asignación de funciones específicas al subcontralor y la exigencia de una supervisión más exhaustiva sobre los fondos públicos empleados en asociaciones tanto minoritarias como paritarias o, incluso, en aquellas con participación mayoritaria del Estado, se asegura una vigilancia más enfocada y eficiente.

Este refuerzo a la fiscalización de la hacienda pública es un aspecto crucial que merece ser destacado. Al concentrar recursos y energías en cumplir de manera más efectiva con su mandato constitucional, la Contraloría se equipa mejor para afrontar los desafíos que implican supervisar las diversas modalidades de alianzas público-privadas previstas en la Ley Jaguar. Este proyecto de ley, lejos de debilitar, fortalece la capacidad de la Contraloría para desempeñar su rol indeclinable de vigilancia sobre el uso de los recursos del Estado, garantizando así la probidad y la transparencia que la ciudadanía demanda y merece.

La discusión en torno a la Ley Jaguar y su impacto en la fiscalización del país es un testimonio del dinámico escenario político y social que vive Costa Rica. Trascendiendo los malentendidos y desinformación, es claro que las modificaciones planteadas proponen un marco más sólido y coherente para el cumplimiento de las funciones de la Contraloría, lo cual subraya el compromiso con una gestión pública eficaz y transparente.

@ottoguevaraguth

Critican "ley Jaguar" por cambiar funciones de la Contraloría

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